Requerimiento a la Junta para que en 20 días comunique cuándo saldrá del edificio de la Audiencia

November 23, 2022

Requerimiento a la Junta para que en 20 días comunique cuándo saldrá del edificio de la Audiencia

El Pleno también reclama al Gobierno autonómico que asuma los sobrecostes experimentados en las obras del PFEA

El Pleno de Diputación ha aprobado, por vía de urgencia, dos propuestas para reclamar a la Junta de Andalucía que cumpla con dos cuestiones inaplazables: el traslado a otra sede de los servicios judiciales que se prestan en el edificio de la Audiencia Provincial; y la asunción del coste de materiales experimentado en la ejecución de las obras del Programa de Fomento Agrario (en su edición de 2021-2022), consecuencia del encarecimiento de suministros por una causa sobrevenida como es la guerra de Ucrania. Los dos planteamientos, promovidos por el gobierno provincial que preside Juan Carlos Ruiz Boix, han sido validados por mayoría: en el caso de la iniciativa dedicada a la Audiencia han votado a favor el PSOE y La Línea 100 x 100, se han abstenido Adelante Cádiz, Ciudadanos, Andalucía por Sí e Izquierda Unida, y sólo el PP emitió un voto en contra; la reclamación sobre una asunción de costes en el PFEA, por parte de la Junta, prosperó con el respaldo de la mayoría de los grupos (PSOE, La Línea 100 x 100, Adelante Cádiz, Izquierda Unida, Andalucía por Sí y Ciudadanos) y la abstención del PP.

Diputación, en relación al inmueble de la Audiencia, lo que ha aprobado es un requerimiento por el que establece un plazo máximo de 20 días para que la Junta “comunique la fecha en la que tiene previsto trasladar la sede de los órganos judiciales que actualmente ocupan (…) fijando en dicha fecha la finalización del contrato de arrendamiento, y reconozca la obligación de abonar por el uso de la finca una renta anual (…) comprometiéndose al pago de las rentas no prescritas”.

La institución provincial añade en su resolución que en caso de no ser atendido este requerimiento “se ejercitarán las acciones judiciales” que sean necesarias “para obtener el restablecimiento del equilibrio contractual o, en su caso, la resolución del contrato”.En su parte expositiva la propuesta refiere el inicio de una relación contractual que se origina en octubre de 2008 con la firma del acuerdo de permuta por el que se intercambian dos bienes: el solar de la calle Brunete, entonces propiedad de Diputación, donde se emplazaba la sede del Instituto Nacional de Empleo, y el edificio de la Audiencia, de titularidad autonómica. La operación se resolvía para que la Junta dispusiera de los terrenos necesarios para construir la Ciudad de la Justicia.

Al valorar ambas propiedades se dedujo un saldo a favor de la Junta de 1.124.284,96 euros. Una diferencia que se tradujo en una renta, en virtud de un contrato de arrendamiento por cuatro años, que no fue satisfecha para compensar dicha diferencia de valor. El 22 de octubre de 2012 concluyó el plazo inicialmente establecido sin que la administración autonómica hubiera materializado la Ciudad de la Justicia por lo que se activó una ampliación de plazo, prevista en la cláusula cuarta del contrato alcanzado entre Diputación y Junta.

Sin embargo, la Junta de Andalucía no sólo descartó el solar de la calle Brunete como ubicación de la Ciudad de la Justicia, sino que ha confirmado que al nuevo emplazamiento previsto –los antiguos depósitos de Tabacalera- tampoco se mudarán los servicios judiciales sitos en la Audiencia. Ante esta tesitura se expresa, en la moción aprobada por el Pleno, que la prórroga del contrato sin derecho a renta se estableció “con una clara finalidad transitoria para cubrir un desajuste puntual en la finalización de las obras”, pero que no puede derivar en “una situación permanente” “sin perspectiva de fecha para su conclusión”.

Juan Carlos Ruiz Boix, durante la defensa de la moción ante el Pleno, sostuvo que “incluso hemos pedido a la Junta que si no va a utilizar el solar de la calle Brunete nos lo devuelva”. A juicio del presidente de Diputación estamos ante “una permuta fallida que debería deshacerse”, porque de facto “la Junta al final se hace con los dos bienes” que basaron el contrato del año 2008.

La actual situación ocasiona un “evidente desequilibrio patrimonial para la Diputación”, ya que no puede disponer de la sede de la Audiencia, ni percibe renta alguna. Circunstancias que, al entender de Diputación, desnaturalizan el contrato con la Junta, suponen “un abuso del derecho no amparado por la ley” y quiebran “el principio de buena fe contractual”.

La moción validada por el Pleno estima que, al final, es la ciudadanía la principal perjudicada ante “una evidente y flagrante falta de planificación de la Junta de Andalucía en nuestra provincia”, que se revela en situaciones como la demora de la Ciudad de la Justicia o “los traslados de juzgados a sedes manifiestamente insuficientes y provisionales”.

La propuesta también incluye la reciente reunión mantenida entre el presidente de Diputación, Juan Carlos Ruiz Boix, con el consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, y que no registró avance alguno.

Ruiz Boix también ha aclarado que las pretensiones de Diputación ya fueron comunicadas y explicadas al presidente de la Audiencia Provincial, aclarando que en ningún caso se ocasionarán perjuicios a los profesionales que trabajan en estas dependencias. “Reclamamos los derechos económicos que corresponden a Diputación ante lo que no es admisible una dejación de funciones por mi parte”, expuso el presidente.

El Pleno reclama a la Junta el pago de la subida del PFEA.-

La segunda propuesta de urgencia aprobada por el Pleno coincide en su destinataria final -la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía- y se traslada al Gobierno autonómico, a las Diputaciones andaluzas, a los grupos con representación en el Parlamento de Andalucía y a los Ayuntamientos de la provincia de Cádiz. Reclama a la Junta que pague a Diputación 975.000 euros, para compensar el incremento experimentado en los materiales de construcción así como en la subida de los carburantes y transportes. La propuesta fue defendida ante el Pleno por el vicepresidente cuarto de Diputación y responsable del Área de Cooperación y Asistencia a Municipios, Javier Pizarro.

“Toca defender un programa que funciona muy bien”, expuso Pizarro “y ahora es de justicia que se asuman estos costes”. A la vista de la negativa de la Junta a cubrir el incremento de los precios y la responsabilidad asumida por Diputación “queda claro, una vez más, que tapamos las vergüenzas de la Junta en un asunto de su competencia”.

Diputación en el año 2022 ha asumido en solitario este encarecimiento: en concreto ha transferido 1,3 millones adicionales a las empresas que resuelven las obras del PFEA. La cantidad citada supone el 20 por ciento del presupuesto inicial que, cuando se aprobó, no podía prever el estallido de una guerra en Ucrania y su repercusión en la cadena de suministros en todo el mundo. Los 975.000 euros que se reclaman a la Junta suponen el 75% de lo abonado por Diputación y responde al reparto financiero que la administración autonómica firma con las Diputaciones andaluzas en cada anualidad del PFEA.

En la provincia de Cádiz la Diputación asume una peculiaridad que no se lleva a cabo en el resto de Andalucía. Gestiona la mayoría de las obras asignadas en el territorio provincial y, de hecho, en la edición 2021-2022 gestionó las actuaciones en 36 de los 41 municipios destinatarios. Los cinco ayuntamientos que decidieron administrar dichas obras con sus propios medios –Alcalá del Valle, Ubrique, Villamartín, Trebujena y Setenil- no han recibido aún ningún importe adicional para compensar el encarecimiento de los materiales, si bien Diputación se ha comprometido a “atender su parte” según se expresa en la propuesta aprobada por el Pleno. Para estas cinco localidades se insta al Gobierno autonómico a que también financie lo que le corresponde. Estos cinco municipios, tal como defiende Diputación, deben percibir 275.000 euros.

Javier Pizarro ha aclarado que las dificultades en el desarrollo del PFEA se han manifestado en la adquisición de materiales de obra, pero no en la retribución de las contrataciones de personal que financia el Gobierno de España. De hecho, los decretos adoptados por el ejecutivo estatal y también por el Gobierno de la Junta de Andalucía para compensar el incremento sobrevenido de los costes, se han dedicado específicamente a los materiales de obra. Materiales que, en el caso del PFEA, sostienen la Junta y las Diputaciones andaluzas.

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