La Diputación solicitará seguir usando la ‘Junta de los Ríos’ en Arcos por otros 30 años para mantener la actividad de la Granja Escuela

La Corporación de la Diputación de Cádiz se ha reunido este miércoles en el Salón Regio para celebrar el Pleno ordinario correspondiente a este mes de octubre. Una sesión presidida, como es preceptivo, por la titular de la Diputación, Almudena Martínez, en la que se han tratado asuntos relativos a gestión tributaria y presupuestaria, asistencia a municipios, medioambiente, prestaciones sociales, vivienda, educación, violencia de género y derechos laborales, entre otros.

De entre los asuntos tratados en el Pleno, cabe destacar el apoyo expresado por Martínez del Junco al pueblo de Arcos de la Frontera, por las inundaciones sufridas por las lluvias durante el pasado fin de semana. Ha sido a colación de un ruego expresado por la diputada socialista Ana Carrera. La presidenta ha explicado que la administración provincial mantiene el contacto con el Ayuntamiento de la localidad y que se ha puesto a su disposición, como hizo, ha recordado, con todos los ayuntamientos gaditanos afectados por las borrascas del pasado invierno.

En cuanto a los previstos en el orden del día, resalta la solicitud de la Diputación a la Junta de Andalucía para seguir haciendo uso de la finca ‘Junta de los Ríos’, cuya titularidad corresponde a la administración autonómica. En estos terrenos de más de 9.000 hectáreas, situados en Arcos de la Frontera, la institución provincial desarrolla desde el año 1998 actividades medioambientales, incluida la Granja Escuela Buenavista. La Junta cedió a la Diputación el uso de la finca, de forma gratuita, por un plazo de 30 años, por lo que la autorización vence en el 2028.

El responsable de Transición Ecológica, Javier Vidal, ha confirmado la intención de la Diputación de continuar la actividad desarrollada en la Junta de los Ríos, pero para ello, es necesario disponer de un nuevo título patrimonial. En las gestiones previas realizadas ante la administración autonómica, la Junta ha sugerido tramitar una afectación por mutación demanial externa, un tipo de afectación contemplado en la Ley de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Y eso es lo que el Pleno ha acordado solicitar a la Junta. El plazo inicial propuesto por la Diputación es de 30 años o el que la Junta “considere jurídicamente procedente” a fin de poder mantener la actividad medioambiental que allí se desarrolla.

Como contrapartida, la Diputación asumirá los gastos relativos al “buen uso” del bien y su conservación. Este procedimiento posibilitará mantener el uso actual de la finca y la continuidad de la actividad de la Granja Escuela Buenavista, un “recurso de referencia en la provincia para la educación y sensibilización ambiental y la transmisión de valores vinculados al medio rural, agrícola y ganadero”, ha explicado Vidal.

En cuanto a las proposiciones, han salido adelante todas las mociones debatidas, la mayoría por unanimidad. El Grupo Popular ha puesto sobre la mesa la situación de las familias con menores afectados por cáncer u otras enfermedades graves, cuando pierden la denominada prestación CUME, -una ayuda que, ha explicado el diputado Javier Bello, permite compensar la pérdida de ingresos por reducir la jornada laboral para cuidar al menor- por alcanzar una determinada edad (23 o 26, según el caso y el grado de discapacidad). A raíz de la propuesta, aprobada por unanimidad, la Diputación ha manifestado su apoyo a estas familias e instado al Gobierno de España a promover “con carácter urgente” las modificaciones legislativas necesarias para permitir la “prórroga excepcional” de esta prestación más allá de los 26 años.

También a propuesta del Grupo Popular se ha aprobado instar al Gobierno de España a reactivar de forma “inmediata” el Órgano de Coordinación contra el Narcotráfico en el Sur (OCON-Sur) de la Guardia Civil. Según ha defendido el portavoz del Grupo Popular en este punto, Juancho Ortiz, “a pesar de la utilidad y eficacia demostradas” esta unidad de élite creada en 2018 fue desmantelada en 2022 por el Ministerio de Interior,  provocando “graves consecuencias”, no sólo “en la lucha contra el narcotráfico sino en la seguridad de los servidores públicos que trabajan sobre el terreno y de la sociedad en general. La propuesta, aprobada por mayoría con los votos a favor de los grupos Popular, La Línea 100x100 e Izquierda Unida y la abstención del Socialista, incluye declarar “Zona de Especial Singularidad” al litoral andaluz y el cauce del Guadalquivir, reforzar la plantilla de la Guardia Civil en la provincia y dotar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de los medios necesarios para hacer frente al narcotráfico.

Por parte del Grupo Socialista, se han presentado tres mociones. La primera insta al Gobierno de la Junta a mantener la “plena independencia técnica y profesional” de las Unidades de Valoración Integral de Violencia de Género (UVIVG), -ha defendido la diputada socialista Carmen Collado- sin “interferencias políticas o ideológicas”, disponer de los recursos humanos y materiales necesarios para desarrollar sus funciones, y garantizar la “continuidad, estabilidad, especialización y calidad” del Servicio de Atención a las Víctimas de Andalucía (SAVA), entre otras medidas. Se ha aprobado por unanimidad.

En su segunda proposición, el Grupo Socialista ha expuesto la falta de personal en las escuelas infantiles públicas en el Campo de Gibraltar. Según sus datos, de los 11 centros existentes en la comarca, sólo en uno se ha iniciado el curso con la plantilla al completo. Por eso, insta a la Junta de Andalucía a realizar un “diagnóstico individualizado” de las necesidades de personal en la zona, “garantizar la cobertura inmediata de las plazas vacantes, bajas, jubilaciones y traslados”, y establecer un “plan específico de seguimiento y refuerzo” para anticiparse a las necesidades que surjan en cada centro. La propuesta, defendida por la diputada socialista Ana Jarillo, se ha aprobado por unanimidad.

Finalmente, a propuesta del PSOE, con los votos de este grupo, Izquierda Unida y La Línea 100x100 y en contra del PP, el Pleno ha acordado por mayoría reafirmar el compromiso de la Diputación con “el derecho a una vivienda digna, adecuada y asequible, especialmente para jóvenes, familias trabajadoras y colectivos en situación de vulnerabilidad”. Respecto a este asunto, también ha instado a la Junta a “garantizar la aplicación efectiva y plena” del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 en la provincia. La moción ha sido defendida por Javier Pizarro.

El Pleno ha aprobado además por unanimidad una iniciativa del Grupo Izquierda Unida sobre la financiación del Sistema de Atención a la Dependencia. En este sentido, insta al Gobierno de España y a la Junta a establecer una “senda plurianual” de financiación que permita planificar los servicios “y evite depender de incrementos coyunturales o tardíos”. Su portavoz, Ramón Galán, ha defendido que “la atención a la dependencia necesita un modelo económico suficiente, estable, previsible, actualizable y sostenible en el tiempo”.

En una segunda moción, este grupo político ha planteado ante el Pleno la necesidad de “corregir” la situación de “precariedad laboral” del Personal Técnico de Integración Social en los centros educativos. La Corporación ha acordado con los votos a favor de todos los grupos políticos, menos del Popular que ha votado en contra, instar a la Junta a atender las demandas de los colectivos, dotar a los centros educativos de “suficiente personal de apoyo” al alumnado con necesidades educativas especiales y llevar a cabo “contratos estables” a estos profesionales, entre otras medidas.

Durante la sesión también se ha aprobado la ampliación de la asistencia asumida por el Servicio Provincial de Recaudación y Gestión Tributaria de la Diputación, responsabilidad del vicepresidente quinto, Sebastián Hidalgo: por un lado, la gestión tributaria del Impuesto de Bienes Inmuebles, delegado por el Ayuntamiento de Arcos en la Diputación y por otro, de la competencia sancionadora por infracciones administrativas, delegada por el Ayuntamiento de Castellar.

Finalizada la sesión, Carmen Aragón, representante de la Asociación Gaditana de Mujeres con Cáncer de Mama, Agamama, ha leído un manifiesto con motivo del Día Internacional Contra el Cáncer de Mama.