Preocupación por el futuro del sistema de tratamiento de las adicciones

El diputado de Bienestar Social, David de la Encina, ha enviado un escrito al director general de Cuidados Sociosanitarios de la Consejería de Salud y Familia, José Repiso Torres, manifestando su queja por la falta de información y transparencia con respecto a los planes de la Junta de Andalucía para modificar el modelo de financiación de la red provincial de atención a las adicciones, que se presta en la provincia de Cádiz a través de diecisiete CTA, Centros de Tratamiento Ambulatorio. En esta comunicación el representante de la Diputación denuncia que han tenido conocimiento de la intención de la Consejería de Salud de hacer sus aportaciones para el sostenimiento de esta red a través de una orden de subvenciones variables cada año, por un correo electrónico a un técnico de la entidad.

Desde 1985 la Junta de Andalucía y las entidades locales, entre ellas la Diputación de Cádiz como principal sostenedora económica y gestora de la red, mantienen en vigor un convenio para garantizar la estabilidad de los CTA, que según ese plan, la Junta no renovará. Aparte del malestar por las formas de comunicar estas intenciones, ya bien entrado el año y sin diálogo previo- “entendemos que un cambio de este alcance requiere un mínimo debate, la búsqueda de un consenso o al menos una cita con los responsables de las instituciones afectadas, que merecemos ser tenidos en cuenta”, reza el escrito-,  el diputado manifiesta que esta decisión “pone en serio peligro la continuidad del sistema público andaluz de atención a las dependencias”.

David de la Encina ha anunciado que desde la Diputación ya se está en contacto con la FAMP, Federación Andaluza de Municipios y Provincias, y otras entidades locales afectadas, para estudiar medidas coordinadas en contra de este propósito de la Junta “que abre la puerta a recortes e inestabilidad, ante la falta de seguridad sobre la cuantía que cada año aportará el Gobierno autonómico”.

El diputado ha expresado que la postura de la Diputación es mantener “la plantilla de grandes profesionales con la que Andalucía ha estado a la vanguardia en cuanto a atención y tratamiento de las adicciones desde el servicio público” y que cree que si se elimina el convenio para cambiarlo por convocatorias anuales de subvenciones de cuantías y requisitos indeterminados, “se pierde la garantía de que siga siendo así”. De la Encina ha manifestado su preocupación porque tras este movimiento exista “un afán de realizar recortes encubiertos desde el Gobierno de la Junta de Andalucía o incluso la privatización de este servicio público”.

La Diputación también recuerda, en una petición que viene reiterando en las últimas fechas, el desequilibrio entre lo que abona, más de dos tercios del total del coste de la red, con respecto a la aportación de la Junta. Sin embargo, la entidad provincial estima que el cambio de modelo que ha de adoptarse “no puede ser una convocatoria de subvenciones, de criterios y cuantías inciertas cada año, con la inseguridad e inestabilidad que ello generaría”.

En la provincia de Cádiz la red de CTA supone anualmente una inversión de 5.912.525 euros, de los cuales 3.951.238 son aportados por la Diputación y 1.897.941 euros por la Junta. Ello representa un reparto porcentual del 66,82% por parte de la institución provincial y un 32,18% de la comunidad autónoma. “Debe haber una financiación justa y para ello la Junta debe asumir un mayor porcentaje de los costes de un servicio que es de su competencia”, ha recordado David de la Encina.

Segunda carta sobre la financiación de la Red de CTA

Este escrito es el segundo que en las últimas fechas la Diputación ha remitido a la Consejería sobre este asunto. Antes de conocer las intenciones de la Junta, la Diputación remitió otra misiva en que solicitaba una reunión para que se aclararan las intenciones que tenía para el sostenimiento de la red provincial, ante la falta de noticias sobre el convenio bien entrados en el segundo trimestre del año. Hasta la fecha la Diputación está sosteniendo en solitario los gastos de la red de CTA.

 Éste es el segundo año consecutivo en que la financiación de la atención a la drogodependencia se ve envuelto en la incertidumbre. En 2019 el nuevo Gobierno de la Junta de Andalucía decidió modificar el sistema, y la competencia de adicciones pasó de la Consejería de Bienestar Social al Servicio Andaluz de Salud en un principio, si bien luego se revocó esta decisión y se le volvió a asignar a la Consejería de Salud. Estos procesos administrativos generaron un retraso en los pagos de casi un año, pues la Junta ingresó los fondos el 27 de diciembre y obligó a que la Diputación adelantara con sus propios recursos los costes de sostenimiento de la red para que no se colapsara el servicio.

 El diputado ha advertido que para esta anualidad la Diputación “no podrá volver a asumir la aportación de la Junta y anticipar todos los gastos con cargo a la tesorería provincial como hizo en 2019”, por lo que requiere al Gobierno andaluz que “cumpla con su responsabilidad con este servicio público y agilice el abono de un cantidad justa que garantice su funcionamiento”.

 Al final del año 2019 la red provincial de atención a la drogodependencia mantenía en tratamiento a casi 6.000 personas, de las cuales 3.360 los iniciaron el año pasado en los diecisiete CTA de la red provincial, que está gestionada por la delegacion de Bienestar Social de Diputación y cuenta con cerca de un centenar de profesionales.