El Programa de Transición al Empleo de la Junta de Andalucía (Proteja) incorpora en su edición una novedad sustancial: la participación de las Diputaciones provinciales en su gestión. El consejero de Gobernación y Justicia, Luis Pizarro, ha suscrito en Sevilla los convenios específicos que regulan esta nueva intervención junto a los titulares de las 8 Diputaciones andaluzas. En conjunto las Corporaciones Provinciales gestionarán 44 millones de euros: 24 millones son financiados por la Consejería –a razón de 3 millones por entidad- mientras que las Diputaciones asumen 20 millones de euros con fondos propios. En representación de la Diputación de Cádiz ha suscrito el acuerdo su presidente, Francisco González Cabaña.

En cifras la 2ª edición del Proteja inicia su tránsito hacia la creación de empleo con la siguiente cobertura financiera, por parte de la Junta: 225 millones de euros, de los que 20 financiación actividades formativas, 181 serán gestionados por los Ayuntamientos y 24 por las instituciones provinciales.

Las actuaciones con cargo al Proteja se dirigen preferentemente a los municipios y entidades locales autónomas de menos de 20.000 habitantes y, especialmente, a las localidades con mayores índices de desempleo. Las familias con especiales problemas socioeconómicos, la población con personas a su cargo y las situaciones de exclusión social son los objetivos prioritarios del nuevo programa. Las mujeres emergen además como un colectivo de contratación prioritario.

Las obras podrán ir destinadas a la construcción, mejora o rehabilitación de infraestructuras municipales, edificios de titularidad pública, parques y polígonos industriales, así como a la conservación del patrimonio municipal. La eliminación de barreras arquitectónicas, los bienes que reporten eficiencia energética, el uso de energías renovables y el desarrollo de infraestructuras tecnológicas y de innovación son otros de los ámbitos de actuación. En referencia a los servicios, entran dentro del campo del Proteja aquellos relacionados con la sanidad, la educación, la cultura y los servicios sociales.

Luis Pizarro ha valorado la incorporación de las Diputaciones como una novedad “relevante”, a tenor de su conocimiento de la realidad municipal que redundará en una “mayor eficacia y eficiencia”. Las Diputaciones constituyen además una garantía para la ejecución del programa: de hecho los fondos que no sean invertidos por los Ayuntamientos serán transferidos a las Corporaciones provinciales para su efectiva materialización en obras y servicios generadoras de empleo.

El importe transferidos por la Junta a las Diputaciones –3 millones a cada una- deberá dedicarse, en su totalidad, a la contratación de personal. Cada Diputación aportará los medios económicos, materiales y humanos que sean necesarios para el desarrollo de las actuaciones propuestas. Los proyectos de las instituciones provinciales deberán presentarse antes del 9 de agosto y tendrán que validarse en una comisión mixta –con 3 representantes de la Junta y otros 3 de Diputación- antes del 15 de agosto. Desde esta última fecha se abre un plazo de tres meses para la puesta en marcha de las acciones.

Las Diputaciones también percibirán los fondos no aplicados por los Ayuntamientos con cargo a la 1ª edición del Proteja. Esta percepción garantizará que las poblaciones no sufran penalización por una eventual retirada de medios económicos por incumplimiento de plazos, o cualquier otra circunstancia. La penalización se imputa, estrictamente, al Ayuntamiento como entidad gestora; los fondos no aplicados serán finalmente invertidos por la Diputación con acciones en el municipio o contratando a personas de dicha población. El coste de la contratación de personal, para estas actuaciones, será al menos de un 60 por ciento de cada proyecto.